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Según el tratado, las partes, de conformidad con sus respectivas legislaciones, se comprometen a prestar asistencia legal mutua en procesos judiciales relativos a conductas punibles, que en el momento de solicitarla, sean de la jurisdicción de las autoridades competentes de la parte requirente.
La asistencia incluirá cualquiera de los procedimientos procesales previstos en la legislación de la parte requerida, y en particular, pero no exclusivamente, la entrega de documentos procesales, la obtención de pruebas, localización e identificación de personas y objetos, citación de testigos, víctimas y peritos, ejecución de medidas sobre bienes, entrega de documentos, objetos y otras pruebas.
Las autoridades centrales encargadas de la ejecución del presente tratado serán: para la República
